Un bufete experto en delitos informáticos logra la absolución de un hombre denunciado por amenazar a su ex pareja mediante Instagram

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Foto: Los abogados Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte de Ospina Abogados.


A. M, el hombre que fue denunciado por un delito de amenazas a su ex pareja, resultó absuelto recientemente en el marco de un juicio oral dictado en la ciudad de Madrid.


En concreto la denuncia se debía a las supuestas amenazas que el hombre había realizado a su ex pareja a través de distintas cuentas de Instagram.


Para probar los hechos la denunciante presentó ante la justicia capturas de pantalla fotocopiadas e impresas de graves amenazas como: “te voy a matar cuando salgas de la biblioteca” o “voy a acabar contigo en los próximos días”, lo que llevó al hombre tener que enfrentar un juicio oral.


En este punto cabe recordar que el Código Penal tipifica el delito de amenaza en sus artículos 169 y siguientes. Así, se considera que comete un delito de amenazas quien: “Amenace a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico”. Para estas situaciones el Código Penal establece una pena de prisión que, dependiendo de las condiciones concurrentes, puede oscilar entre seis meses y cinco años.


A pesar de parecer estar todo a favor de la ex pareja del hombre, la defensa, ejercida por la abogada penalista Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados, aportó dos elementos fundamentales para lograr la absolución: la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la validez, o no, de una fotocopia como elemento probatorio. A este respecto, la Sala Segunda, a raíz de la Sentencia 2449/93, de 29.10, establece que: “las fotocopias no tienen por sí mismas, ningún valor probatorio, por no gozar de garantía alguna en cuanto a la manipulación de su contenido y por carecer de la demostración de autenticidad.”


Por otro lado, en el desarrollo del juicio no pudo demostrarse que A. M. fuese el verdadero propietario de las cuentas desde las que se proferían las distintas amenazas a través de las redes sociales, sosteniendo en todo momento que “desde que rompimos no he vuelto a ponerme en contacto con ella de ninguna forma, solo quiere dinero”.


Por otro lado, la denunciante y su equipo de abogados contaron con nulos recursos para demostrar que el acusado era el propietario de las cuentas de Instagram, por lo tanto no tenían pruebas para asegurar que el hombre era el artífice de las amenazas que recibió la joven.


El desarrollo del juicio y la investigación realizada por la abogada Uriarte dio con el verdadero conflicto entre la denunciante y el acusado: una enemistad por parte de la mujer y un posible móvil económico que pudo impulsar esta denuncia.


Ante las contundentes pruebas presentadas por la representante del acusado, una vez concluso el juicio, se dictó, en base al principio jurídico in dubio pro reo, la absolución del acusado, quedando libre de los cargos de este ciberdelito. 

Internet ha facilitado la comisión de determinados delitos a través de la red, siendo los más frecuentes las estafas, el acoso o las amenazas.


Muchas personas, amparadas por el anonimato de la red, actúan en internet de un modo en que no lo harían en la vida real. La facilidad que otorga el anonimato para poder crear perfiles falsos tanto en Instagram como Facebook, son una problemática cada vez más frecuentes, a pesar del compromiso y los diversos intentos de las empresas informáticas como Google para contribuir con la reducción de los delitos en redes sociales.


Frente a estas nuevas modalidades de delitos resulta de suma importancia contar con el asesoramiento legal de un abogado experto en amenazas en la red que esté acompañado de un equipo de peritos especializados en delitos informáticos, cuyos informes puedan recabar pruebas de extrema validez que le permita afrontar el proceso jurídico de manera segura a fin de no caer en falsas acusaciones.


Un estudio de abogados con falta de experiencia en derecho informático y penal, o que carezca de conocimientos sobre los delitos ocurridos en Instagram, hubieran llevado muy probablemente al hombre a una pena de prisión de entre seis meses y cinco años.


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