FSIE: "No se puede poner bajo sospecha perpetua un sistema en el que están implicados casi diez mil trabajadores, más de doscientas empresas y cien mil alumnos en la Comunidad"

A propósito de la información reflejada en distintos medios de comunicación según la cual el sindicato  CCOO  indica que la enseñanza concertada en Castilla y León  supone  “nueve millones de euros derivados de manera irregular a la enseñanza concertada”, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza,FSIE CyL, organización mayoritaria en el ámbito de la enseñanza concertada (71% de representatividad) y de la discapacidad (29%),  quiere transmitir a la opinión pública y a los trabajadores de la concertada que, "ni son nuevas las acusaciones  ni  es nuevo que CCOO en Castilla y León esté en contra de la enseñanza concertada y de sus profesionales, solo así se explica su  representatividad  entre los trabajadores del sector, el 1%" afirma el sindicato. 

En palabras de FSIE "la citada organización en foros como la Comisión Regional de Conciertos, -aunque  sea para poner en duda  la validez del propio  sistema  o de la normativa -,   en el ejercicio  de sus estrategias sindicales, se ha permitido en fechas recientes, no avalar en el acto de la firma, la posibilidad de indemnización o  recolocación de trabajadores  que acababan de perder  su empleo por la extinción del  concierto educativo en un centro de la comunidad" afirma en un comunicado.

En consonancia con otro habitual del acoso a la concertada , el portavoz socialista de Educación en las Cortes Regionales, Fernando Pablos, denunciante de lo que él califica como “afrenta” y “auténtico escándalo”, que no se puedan construir centros o realizar investigaciones por “pagar sueldos, indemnizaciones o jubilaciones anticipadas en los colegios concertados”, sostiene CCOO que “con total impunidad se está derivando a la concertada una parte sustancial de los recursos que le pertenecen legalmente a la educación pública de CyL”.

Por ello FSIE considera que debería explicar CCOO en qué se está “favoreciendo intereses privados en detrimento de la educación pública” y si eso afecta o no a los trabajadores de la concertada como supuestos beneficiarios, trabajadores que se rigen por un convenio colectivo nacional y unas mejoras en Castilla y León de las que difícilmente han podido participar como organización sindical, si nos atenemos a sus números de representatividad en la concertada.

"No se puede poner en tela de juicio y bajo sospecha perpetua un sistema en el que están implicados casi diez mil trabajadores, más de doscientas empresas y cien mil alumnos en la Comunidad de Castilla y León. La ley  con  los tribunales de justicia al frente está para disipar dudas" manifiesta FSIE.