Por segundo año consecutivo, la contaminación por ozono cae en Castilla y León, un 23 % en 2021

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021 en 480 estaciones oficiales de medición de ozono repartidas por todo el territorio español, entre ellas 30 situadas en Castilla y León. 

En lo que respecta a Castilla y León, entre sus principales conclusiones, destacan:

– El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que en verano afecta a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.

– El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas. Como en 2020, durante 2021 sus niveles se han reducido de forma importante, interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y el transporte, por efecto de la crisis de la COVID-19.

– El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2021 al 87 % de la población y al 81 % del territorio castellano y leonés.

– Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa, más laxo que la recomendación de la OMS, no habría población que haya respirado aire contaminado por encima del estándar legal, con arreglo a los criterios del informe.

– La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido muy inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 23 % y el 59 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto de la región, si bien las superaciones del umbral de información han repuntando en 2021. 

– La mejoría de la situación ha sido en especial relevante en la Montaña Norte, con sus centrales termoeléctricas de carbón cerradas. No obstante, una estación en la Montaña Sur de Castilla y León, que agrupa parte de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, con 243.000 habitantes, ha seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2019-2021.

– La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, entre ellas un centenar en Castilla y León, según el Instituto de Salud Carlos III. Las personas más afectadas son niñas y niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.

– El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

– La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Las redes del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León no están optimizadas para la medición del ozono, lo que restringe su representatividad. Resulta elemental por ello que ambas administraciones se esfuercen por mejorar la información de la calidad del aire en su ámbito territorial.

– Los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo. Pero la Junta de Castilla y León sigue sin aprobarlos en las zonas donde resultan preceptivos. Ecologistas en Acción ha solicitado la ejecución inmediata e íntegra de la sentencia de 19 de octubre de 2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que el gobierno regional sigue sin cumplir.

– Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono. El de Valladolid es el único que contempla medidas de limitación del tráfico en episodios de elevada contaminación.

– Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables. También es necesario penalizar a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.

– La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia viene a corroborar que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.