FSIE define líneas de actuación para los próximos años en la asamblea de afiliados de FSIE Burgos

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Tras el parón originado por la pandemia FSIE Burgos ha vuelto a convocar a sus afiliados a una asamblea general en la que se ha renovado su comité ejecutivo para los próximos cuatro años y que seguirá encabezado por Begoña Martínez González como secretaria provincial.


En esta asamblea se ha contado con la presencia del Secretario Autonómico de FSIE Castilla y León, Ángel Arias Sastre, junto al Presidente de Honor Jose Mª García Santander. Ambos han intervenido en la finalización de la asamblea exponiendo los logros conseguidos en este último año, así como las líneas de actuación para el futuro.


El secretario general de FSIE Castilla y León, Ángel Arias, ha señalado que esta última etapa ha sido "muy productiva", ya que se han conseguido importantes acuerdos en la enseñanza concertada.


La renovación, en febrero de 2021, del acuerdo de mantenimiento de empleo, "o acuerdo de centros en crisis", que permite poder recolocar en otros centros a los trabajadores que por pérdida de unidades se puedan producir en los centros. Además, en este mismo acuerdo se ha incluido la incentivación a la jubilación parcial, por lo que los profesores que cumplen las condiciones lo pueden hacer a un 72 por ciento de jornada laboral promoviendo la renovación de plantilla asociada a un contrato relevo a tiempo completo de profesor.


El acuerdo conseguido en noviembre de 2021 por el que se incluye a los docentes de la escuela concertada en la carrera profesional es un acuerdo histórico, que otras comunidades autónomas van a querer conseguir.


Por último, antes de las elecciones del 13 de febrero, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que los centros de 0-3 se pueden incluir en gratuidad en el plazo de dos a tres años.


De cara a la próxima implantación de la nueva ley de Educación, ha reiterado la reivindicación histórica de FSIE de "un pacto educativo" para evitar que las leyes educativas estén condicionadas por el signo político del partido en el Gobierno, dotando de estabilidad al sistema educativo.

Dentro de las negociaciones futuras se plantea la concertación de Bachillerato, con lo que se completaría la enseñanza gratuita de 0 a 18 años.


Otra reivindicación se centra en la equiparación salarial con los profesores de la escuela pública, en Castilla y León la concertada está al 96 por ciento de la pública. El objetivo es llegar al cien por cien.


Respecto al personal de administración y servicios las reclamaciones están encaminadas a la solicitud de un aumento de la partida de otros gastos que reciben los centros de modo que repercuta directamente en los salarios de los trabajadores.


Jose Mª García Santander ha manifestado que las negociaciones que plantea FSIE Castilla y León son posibilistas. Teniendo presente un principio esencial poner en primer lugar los colectivos más desfavorecidos, es decir, el personal de administración y servicios, los profesores de Bachillerato no concertado y el personal de atención a la discapacidad.


En lo referido a la subvención de Educación Infantil, 2-3 años, ha querido aclarar que se está lanzando desde algunos sectores acusaciones sobre la detracción de dinero de la enseñanza pública hacia la enseñanza concertada, no es cierto, los fondos europeos se están destinando íntegramente a la enseñanza pública. El dinero que llega a la enseñanza concertada es una decisión política de la Junta de Castilla y León y estos son datos constatables.


Por último, ha manifestado que como sindicato “nos preocupa no tener capacidad para mejorar el convenio de atención a la discapacidad, un sector muy maltrecho”.


La enseñanza privada y concertada en Burgos cuenta con un total de 1750 trabajadores repartidos en treinta y cuatro centros educativos.


En Castilla y León, la enseñanza concertada supone el 30 por ciento del total, con más de 200 centros educativos en toda la Comunidad y casi 10.000 profesionales y más de 100.000 alumnos.


Fsie también tiene implantación en centros de atención a personas con discapacidad, en un total de 16 centros con 744 trabajadores. Y en centros de educación infantil, cinco centros con sesenta y seis trabajadores.

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